Una oportunidad para el fortalecimiento del sistema democrático
En la última encuesta de la empresa UNIMER se indicaba un repunte en las opiniones favorables de los costarricenses respecto a la labor de la Asamblea Legislativa. Esto se explicaba por las decisiones que en los últimos meses permitieron aprobar legislación importante, así como por los acuerdos que dieron como resultado agendas de consensos que tramitaron iniciativas de ley que esperaban su conocimiento desde hace muchos años.
Estos resultados podrían poner en perspectiva dos elementos: 1) que la mejor forma de que el Parlamento funcione está supeditado a un buen acuerdo político, y 2) que aún con acuerdos políticos, es necesario avanzar en una reforma al reglamento que agilice la tramitación de iniciativas de ley y permita brindar respuestas oportunas a las demandas ciudadanas.
Ambos aspectos no son excluyentes. Menos aún cuando en el proceso de generación de leyes y normas se debe tener presente que lo que lo determina se extiende más allá de un planteamiento netamente jurídico, interviniendo variables políticas de carácter coyuntural, como lo es la correlación de fuerzas presentes en la conformación de la Asamblea, y variables estructurales, relacionadas con una institucionalidad debidamente establecida para el funcionamiento del Parlamento.
Desde la perspectiva jurídica, deberíamos reconocer que existe jurisprudencia respecto al procedimiento parlamentario, que la misma Sala Constitucional ha reconocido como elemento esencial para la tramitación de las iniciativas de ley, y que están sustentadas además de lo establecido en la Constitución Política, por un reglamento legislativo que tiene su base en la normas del reglamento del año 1956.
Cuando analizamos las variables políticas, evidentemente el Reglamento Legislativo vigente refleja un desface importante que afecta el sano funcionamiento de la Asamblea Legislativa costarricense. Temas como la conformación del quórum para que sesione el Plenario Legislativo, el uso de la palabra en la discusión de los proyectos de ley tanto en Plenario como en Comisión, los plazos para que una Comisión rinda un dictamen o para que el Pleno tome una decisión, la regulación en la presentación de mociones, los mecanismos para la discusión de iniciativas y el funcionamiento de las Fracciones o bancadas parlamentarias son posiblemente, entre otros, los temas sobre los cuales es urgente e importante analizar el Reglamento Legislativo vigente con la oportunidad de plantear un conjunto de reformas que consideren las variables políticas actuales.
Si bien debemos reconocer que en la década de los 90, la Asamblea Legislativa tomó decisiones importantes para fortalecer la institucionalidad del Parlamento, amparadas en lo que se llamó las reformas de segunda generación, hoy está urgida de aplicar reformas a su reglamento interno que permita modernizar y hacer más eficiente una institucionalidad parlamentaria que garantice la consolidación y el crecimiento de la democracia costarricense.
Diferentes estudios ha puesto de manifiesto que entre el 50 y el 60% de los proyectos que ingresan a la Asamblea Legislativa duran en su tramitación aproximadamente 4 años, muchos de ellos posiblemente cuentan con una valoración política positiva que podrían generar acuerdos, pero la extensa y rígida estructura procedimental podría estar limitando que aún con acuerdos políticos, estas iniciativas puedan aprobarse de manera oportuna.
Los acuerdos políticos y la aprobación de iniciativas de ley de importancia para el país, son acciones que se deben celebrar, más si responden a decisiones oportunas sobre temas de interés nacional, pero también deberá ser motivo de celebración cuando sea posible conocer que la Asamblea Legislativa avanza en modernizar su funcionamiento.
La ciudadanía debe encontrar en la institución más representativa de la democracia, un funcionamiento institucional que le garantice respuesta oportuna y ágil a sus demandas ciudadanas. Una modernización de la Asamblea Legislativa, mediante reformas a su reglamento interno, podría constituirse en una oportunidad para mejorar la evolución, el crecimiento y calidad del sistema democrático costarricense.
